Compliance Penal. Un nuevo marco legal

La nueva Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, de modificación del Código Penal, que entró en vigor el 1 de julio de 2015. Modificando entre otros, los artículo 31 bis, ter y siguientes del Código penal. La nueva redacción del artículo continúa la línea trazada por la anterior Ley Orgánica 5/2010. Así, se amplía la responsabilidad penal de las personas jurídicas, si bien también describe las condiciones de exención de responsabilidad. De este modo, ante el surgimiento de una contingencia penal, se prevé que la persona jurídica pueda reducir o eximir su responsabilidad si ha implantado un modelo de prevención en la empresa, es decir, un sistema de prevención de delitos, con la pertinente supervisión de su funcionamiento.

El Código Penal contiene un catálogo tasado de delitos de los que puede tener que responder una empresa.

La empresa (persona jurídica) será responsable penal de la comisión de un delito cometido por una persona física en estos casos:

 a) Delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas, y en su beneficio directo o indirecto, por sus representantes legales o por aquellos que actuando individualmente o como integrantes de un órgano de la persona jurídica, están autorizados para tomar decisiones u ostentan facultades de organización y control.

 b) De los delitos cometidos, en el ejercicio de actividades sociales y por cuenta y en beneficio directo o indirecto de las mismas, por quienes, estando sometidos a la autoridad de los representantes legales, han podido realizar los hechos por haberse incumplido gravemente por aquéllos los deberes de supervisión, vigilancia y control de su actividad atendidas las concretas circunstancias del caso.»

No obstante, la reforma penal prevé supuestos en que la empresa quedará exonerada de responsabilidad penal:

a) Si el órgano de administración ha adoptado y ejecutado con eficacia, antes de la comisión del delito, modelos de organización y gestión que incluyen las medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos de la misma naturaleza o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión.

 b) Si existe una supervisión del funcionamiento y del cumplimiento del modelo y no se ha producido una omisión o un ejercicio insuficiente de sus funciones de supervisión, y los autores han cometido el delito eludiendo fraudulentamente los modelos de organización y de prevención de la compañía.

Así pues, la reforma del Código Penal considera la implantación de planes de Prevención Penal como forma de exención o atenuación de la responsabilidad penal de la persona jurídica. Un buen sistema de prevención de riesgos penales en la empresa es esencial, puesto que las consecuencias de una hipotética condena para la empresa pueden ser graves; se han establecido penas de multa, clausura de sus locales por un período de hasta 5 años, inhabilitación para obtener subvenciones, la prohibición de contratar con la Administración, la disolución de la empresa, o suspender las actividades de la mercantil.